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Siguen sin ser sentenciados los 130 acusados por la desaparición de normalistas en Iguala

Han pasado tres años del ataque a normalistas en Iguala, la  PGR aún no ha podido conseguir sentencia condenatoria para ninguno de los 130 acusados de la desaparición de los estudiantes normalistas.

 

Luego de tres años del ataque a los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos en  Iguala a  la Procuraduría General de la República (PGR) no ha llevado a sentencia condenatoria a ninguno de los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización Guerreros Unidos.

 

Ninguno de los acusados a quienes se les inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa, sólo cuatro casos tienen acreditado el homicidio o tentativa de homicidio.

 

En un balance sobre las acciones que ha emprendido la dependencia para la búsqueda de los 43 jóvenes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH) calificó como “estancada” la investigación que tiene abierta la PGR con el número de expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.

 

La organización defensora de derechos humanos que acompaña a los padres de los normalistas señaló irregularidades durante el proceso de investigación que no han sido resueltas, como la ocultación de información al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) relacionada con una libreta que le fue asegurada a un integrante de Guerreros Unidos en la que presuntamente se tenía un listado con datos de funcionarios.

 

El documento del Centro ProDH indica que otro tema que no tiene avance es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) la cual no fue informada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

 

"Hasta el día de hoy no hay ningún proceso iniciado por el delito de desaparición forzada ni mucho menos alguna sentencia que imponga sanciones por este crimen. Durante el periodo en que el GIEI estuvo en México detectó múltiples irregularidades en la investigación y demandó que éstas fueran debidamente indagadas y sancionadas”, mencionó.

 

Las líneas de investigación que han solicitado los familiares de los normalistas, relacionadas con la actividad que todavía tuvieron los celulares de los jóvenes días después del ataque; otro tema no aclarado es la posible participación de policías municipales de Huitzuco, de militares y el trasiego de droga en autobuses con destino a Estados Unidos, también son señalados con rezagos por el Centro ProDH.

 

En el caso de los teléfonos de los normalistas, refiere que aunque el GIEI recomendó que se profundizara la investigación no hay nada concreto al respecto; De acuerdo al grupo, al menos siete teléfonos tuvieron actividad pese a que la PGR aseveró que los aparatos habían sido destruidos.

 

“Esto es especialmente grave, dado que hay indicios de que algunos de estos aparatos, o sus chips, estuvieron en manos de servidores públicos aún no acusados; a la fecha, la PGR no ha concluido el análisis de telefonía”, señaló.

 

Información: El debate
Imagen: Internet
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