Monterrey; N.L.- Los grupos parlamentarios del PAN y del PRI del Congreso del Estado exigieron al gobierno de Nuevo León respetar rigurosamente los principios de institucionalidad y de legalidad en el nombramiento del Gobernador interino.

"El gobierno estatal debe acatar las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han resuelto claramente que la atribución del nombramiento del Gobernador interino corresponde exclusivamente al Congreso de Nuevo León", señala el comunicado.

Así mismo se manifiesta que actualmente el Estado atraviesa por momentos críticos, que generaron un clima de ingobernabilidad y crisis política, por lo que resulta inaceptable agravar aún más la situación actual mediante una franca violación a nuestra Constitución.

"Por otro lado, es de primordial relevancia dar a conocer que el gobierno estatal ha utilizado el presupuesto para presionar a los municipios. En la Ley de Egresos de 2023 se aprobó un fondo de 2 mil 500 millones de pesos destinados a proyectos municipales prioritarios en materia de seguridad, infraestructura y movilidad que continua sin ser liberado y que el gobierno del NL pretende utilizar como medio de presión y moneda de cambio para imponer a un gobernador interino La omisión deliberada de la entrega de recursos afecta directamente a cientos de miles de personas que no pueden ser rehenes de proyectos políticos personales, como ir a buscar una candidatura presidencial. Esta violación a la Ley de Egresos es un acto doloso de una preocupante irresponsabilidad social, política y económica que traerá consecuencias jurídicas", se puede leer.

Por lo que, se exige el cese definitivo al uso político de las autoridades estatales en contra de quienes no se someten a la voluntad del gobierno estatal, es inadmisible en toda sociedad democrática el amenazar y amedrentar a fuerzas políticas de oposición.

La designación del Gobernador Interino por parte del poder legislativo debe ir de la mano con el compromiso de poner fin a la persecución y que se garantice plenamente el respeto a los derechos políticos y humanos.

"Aceptar el diálogo no implica un cheque en blanco. Como legisladores de oposición demandamos un compromiso real con la democracia, la legalidad y el bienestar de la población. La ley no se negocia, la ley se cumple".