La instrucción "Sobre la confidencialidad de las causas" entró en vigor inmediatamente y establece que las diócesis de cada país, deben proporcionar toda la documentación sobre los procesos y denuncias que solicite la autoridad judicial.

Especifica que "no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada ni a los testigos".

La segunda ley considera que un clérigo comete delito de pornografía infantil con "la adquisición o posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años", informa la agencia católica aciprensa.

El Motu Proprio, promulgación de la ley, eleva formalmente a 18 años la edad mínima para que la pornografía no sea considerada infantil, que hasta ahora eran 14 años.

Con ello se modifican los artículos sexto, decimotercero y decimocuarto del Sacramentorum Sanctitatis Tutela, legislativo que delinea los delitos que deben considerarse reservados. Con ello también se elimina la obligación de que el abogado y procurador sea un sacerdote.

Hasta ahora, el Derecho Canónico imposibilitaba compartir las denuncias, informes y documentaciones en posesión de la iglesia con las autoridades civiles.

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